Como consecuencia de la estatización del sistema jubilatorio y la consecuente desaparición de las AFJP, la ANSES recibió en el año 2008 una serie de participaciones accionarias que las primeras tenían en una serie de sociedades privadas de las más diversas actividades. Cabe recordar sobre el particular que las AFJP dentro de la ley que las creó debían invertir los fondos en distintos rubros y uno de ellos eran acciones de sociedades privadas teniendo que velar por la rentabilidad de las mismas a fin de no perjudicar los ahorros de las personas que al efecto recibían. También debe destacarse que la participación de cada ex AFJP en una empresa no podía superar el 5% de capital y por ende no tenían representantes en los directorios de las empresas.
La ANSES al recibir las acciones que tenían todas las AFJP incrementó su participación en distintas sociedades hasta llegar en algún caso al 27 o 30% del capital accionario. Ahora bien, en un principio el organismo estatal se autolimitó designando directores en algunas compañías en función del citado 5% de participación que tenía cada AFJP.
A partir del DNU 441/11 cuya legalidad por cierto es dudosa se dejó de lado dicha autolimitación y el Estado a través de la ANSES pretende designar directores en una serie de empresas en función de la totalidad de su participación accionaria que según los estatutos de cada empresa y considerando la clasificación que algunas hacen en razón del tipo de acción que detenta podría dar lugar a que el Estado tuviese un número de directores que pueda condicionar el accionar de la sociedad.
Creo que más allá de los hechos descriptos y que casi con seguridad los directores que el Estado nombre politizarán su accionar, hay que analizar si es función del Estado tener participación accionaria en empresas que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen por objeto brindar un servicio público. Me adelanto a decir que NO. Resulta paradójco que el Estado posea una gran cantidad de acciones en empresas privadas mientras la ANSES desconoce y no paga las sentencias judiciales que se dictan por miles a pesar de lo resuelto por la Corte Suprema.
Sin dudas, esta acción se enmarca en una serie de hechos en los cuales el gobierno pretende intervenir más allá de lo aconsejable y lógico en una economía moderna, en las distintas cuestiones de la actividad económica con resultados francamente deplorables.
No se estará ante un intento de estatiza más empresas que bajo el aparente paraguas ideológico de que el Estado debe regular y tener a su cargo sectores estatégicos, sólo tengamos más lugares donde puedan "trabajar" los punteros políticos y esta supuesta nueva juventud absolutamente carente de ideas y proyectos como no sea ocupar cargos de poder y enriquecerse con ellos?
Veamos sino que los directores nombrados por el Estado perciben honorarios por demás suculentos resultando que los mismos la mayoría de las veces carecen de antecedentes para ocupar esos cargos salvo su pertenencia al sector ultraoficialista.
Por este camino, y luego escuchar las pobrísimas y lamentables justificaciones brindadas por las autoridades para justificar la medida, no tenemos más que decir que por este camino la Argentina profundirá su retroceso y seguiremos en esta decadencia que parece no tener fin.