Durante el corriente mes de enero, a raíz de un hecho ocurrido en la ciudad de La Plata, surgió nuevamente la discusión acerca de la situación de los llamados menores delincuentes, planteándose la cuestión de la edad de su imputabilidad (14 o 16 años). Por supuesto, como siempre ocurre en la nuestro País no se discuten soluciones a los problemas sino que se debaten supuestas posturas ideológicas, algunas francamente trasnochadas y carentes de sustento en la actualidad e imputaciones entre los sujetos que discuten. Reales diagnósticos y soluciones ninguna. En esta situación se incluye a nuestra Presidenta, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, legisladores, sean oficialistas u opositores. A esta altura pienso que algún "virus" infectó la cabeza de nuestros dirigientes pues salvo honrosas excepciones observamos discusiones carentes de fundamentos.
Creo que a esta altura es dificil discutir que la edad de imputabilidad debe situarse en los 14 años como lo demuestra la realidad y la experiencia extranjera. Pero esto es apenas un granito en la solución del problema.
En efecto, existe un primer plano que es el largo plazo, en el cual si no logramos revertir el proceso de exclusión de amplias capas sociales con educación que llegue a todos los habitantes y con un replanteo total de valores entre los cuales tiene fundamental importancia reestablecer la cultura familiar y del trabajo y dejar la del subsidio, no habrá verdadera solución al problema. Mientras los supuestos defensores de los pobres sigan lucrando y aprovechándose de los mismos, sólo podemos esperar más exclusión y como consecuencia mayor nivel de delincuencia.
En el corto y mediando plazo, mientras surten efecto las medidas arriba mencionadas, hay que replantear la llamada política de seguridad partiendo de una auténtica "decisión política" hasta aquí ausente de combatir el delito. Para ello, es indispensable reordenar nuestra legislación penal de fondo (actualmente el código penal es un rompecabezas) y de forma o procesal que es competencia de las provincias eliminando absurdos como el dos por uno o restringiendo mientras dura la emergencia las excarcelaciones sobre todo a los reincidentes. Sobre esto último cabe destacar lo insólito que resulta comprobar como alguien condenado a reclusión perpetua es excarcelado a los 10 años (caso de uno de las famosos 12 apóstoles) por alguno de estos subterfugios para ser detenido nuevamente a los pocos meses de liberación. Es evidente que determinados delincuentes no se reeducan y deben estar presos el tiempo que dura su condena.
A esto debe agregarse la inmediata construcción de nuevas cárceles adecuadas a estos tiempos y la reforma de las existentes y una profunda reforma tanto de la policía federal como de las policías provinciales y servicio penintenciario, mejorando su reclutamiento, enseñanza, armamento, salarios, etc. y fijando una política severa en materia de penalidades al funcionario que no cumpla con su tarea. En este punto, resulta fundamental "cortar de cuajo" el vínculo entre delito, política y mala policía.
También resulta imperioso y antes que resulte tarde combatir "en serio" el narcotráfico y demás delitos complejos para lo cual no sólo hay que ir a buscar a los delincuentes de peso donde estos se encuentren sino hacer una buena tarea de inteligencia y sobre todo limpiar los cuerpos policiales de los malos elementos que los integran.
En cuanto a los menores, urge sancionar el régimen penal juvenil especial en el orden nacional y mediante acuerdos con las Provincias, estas deben sancionarlo en sus distritos pues algunas cuestiones son locales pero paralelamente y sobre todo en la Provincia de Buenos Aires deben nombrarse sin demora los jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, etc. que corresponda para integrar el sistema en todos los departamentos judicial y empezar sin demora la construcción de las cárceles e institutos de menores apropiados para su reinserción pues un menor que mata no puede mezclarse con un simple adicto. Aquí vemos un Gobernador que se pasea por todos los medios manifestando que se pone al frente de la lucha contra el delito pero si vemos las soluciones concretos que brindó podemos observar que hay un vacío de respuestas pues muchas de las medidas que menciona o no se cumplen se lo hace a medias.
En definitiva, la clase dirigente debe ponerse a tono, dejar de hablar y discutir y concentrarse en los hechos concretos para dar soluciones también concretas. En este año electoral, es nuestra obligación no permitir los divagues o meras respuestas de forma sino saber si quien quiere ser Presidente de la Nación está realmente preparado para ello en materia de seguridad.
